Puente V. Arpaio: Stop the Raids!

RESUMEN DEL CASO

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 Puente v. Arpaio es una demanda que impugna la constitucionalidad de las redadas en zonas de trabajo por el alguacil Joseph Arpaio y las leyes que han sido utilizadas por el alguacil Arpaio y el procurador del condado Bill Montgomery para sistemáticamente detener y procesar inmigrantes indocumentados como delincuentes por trabajar con identificación falsa.  La campaña, en vigor durante 7 años, separo a cientos de trabajadores de sus familias, y suprimió los derechos de los trabajadores, deteriorado el entramado social de nuestra comunidad inculcado un gran temor.  El caso fue presentado en junio del 2014, y está todavía en marcha.  El caso se forja sobre años de organización y asesoría por parte de Puente en contra de las leyes y su implementación dentro y alrededor de Phoenix.

 “Cuando me llevaron de mi trabajo esposada, nunca pensé que llegaría el día que lleváramos a Arpaio y a Montgomery al tribunal en vez de al revés.  Perdimos nuestro temor de hacer que ocurriera esta demanda.  No queremos que otros en nuestra comunidad sufran como nosotros sufrimos.”

— Noemí Romero, cuya detención y sentencia después de una redada en su lugar de trabajo, en el supermercado donde trabajaba como cajera, le impidió que se beneficiara bajo el programa del Presidente Obama de Acción Diferida que protege a la gente que llego a los Estados Unidos de niños.

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EL CONDADO DE MARICOPA COUNTY Y LA LEY “LEGAL ARIZONA WORKERS ACT”

 Durante los años 2007 and 2008, legisladores de Arizona promulgaron la ley Legal Arizona Workers Act conocida por sus siglas LAWA, la cual, entre otras cosas, imponía sanciones penales severas a individuos que usaban información de identificación falsa “con la intención de obtener o continuar su empleo.”  Estas sanciones se aplican sea o no que la información usada por un trabajador pertenece a una persona verdadera o no.  Las medidas legislativas fueron concebidas por el ex-legislador Russell Pearce como parte de operativo más amplio de Arizona de “arrepentimiento a base de imposición”—cuya meta era hacerles la vida tan difícil a los inmigrantes indocumentados y a sus familias que se “auto-deportarían.”

 Desde el 2008, la oficina del alguacil del condado de Maricopa, conocida por sus siglas MCSO, en colaboración con la oficina del procurador del condado de Maricopa conocida por sus siglas MCAO, ha usado las dos leyes enmendadas por LAWA—Ariz. Rev. Stat. § 13-2008 and § 13-2009(A)(3)—como también la ley estatal contra falsificación—Ariz. Rev. Stat. § 13-2002—para llevar a cabo redadas intimidantes en lugares de trabajo.  

MCSO llevo a cabo más de 80 redadas entre el 2008 el 2014, deteniendo a más de 800 trabajadores. Eran más que nada los trabajadores que eran detenidos y en rara ocasión sus patrones.  En muchas de las redadas, personal del orden público les caían a los negocios locales, y los mantenían incomunicados por horas y los desfilaban ante los medios de comunicación.  A los trabajadores se les encarcelaba por semanas y meses y muchos enfrentaban la deportación después de su condena.

Estas redadas ultimadamente marcaron a más de 800 trabajadores inmigrantes como delincuentes, devastando a sus familias en el proceso. El clima de temor creado por las redadas también ha llevado a muchos emigrantes a retirarse de la vida pública.  Muchos se preocupaban todas las mañanas cuando se iban al trabajo que quizás no regresarían a sus casas en la noche.

A través de sus acciones, el alguacil Arpaio y el procurador estelar del condado de Maricopa Bill Montgomery han hecho más vulnerables en el trabajo a los trabajadores indocumentados.  Muchos patrones saben que sus trabajadores son indocumentados y han sido cómplices en su uso de información de identidad falsa para trabajar.  Pero los patrones en gran parte los patrones no fueron señalados en sus esfuerzos de ejecución.  Los trabajadores por lo tanto han sido fundamentalmente atrapados en sus trabajos, aguantando abusos como discriminaciones, hurto de sus sueldos en su lugar de trabajo y con el temor de que, si buscaban auxilio, las autoridades del orden público los procesarían en vez de protegerlos.

 “Trabajamos por muchos años bajo la amenaza implícita que seriamos deportados si nos quejábamos de cómo nos trataban.  Al final, el alguacil Arpaio llevo a cabo una redada en el restaurante—no para ayudar a los trabajadores sino para detenernos.”

— Fernando Abundes, quien duró meses encarcelado después de una redada en el 2013 en el restaurante Uncle Sam’s en Phoenix. El sufrió transgresiones laborales mientras trabajaba, pero temía buscar ayuda por causa de las redadas del alguacil Arpaio y enjuiciamiento por robo de identidad por el procurador del condado Montgomery.

 

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 ACONTECIMIENTOS DEL CASO

 En el 2007 y el 2008, Arizona paso legislación estableciendo sanciones penales delictivas por trabajar con una identidad falsa.

  • NIVEL 2 [con click en “legislación”]
  • Proyecto de Ley 2779 (“Legal Arizona Workers Act”) creaba un nuevo delito de robo de identidad con agravantes para personas usando información falsa o la información de otra persona.
  • Proyecto de Ley 2745 (enmendando LAWA) suplementado H.B. 2779 al agregar la “intención de obtener trabajo” como parte del delito.

Entre el 2007 y el 2014, el alguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio llevo a cabo más de 80 redadas en lugares de trabajo, deteniendo y encarcelando a más de 800 trabajadores dentro y al rededor a Phoenix. MCAO acusó a estos trabajadores, como también a cientos de otros detenidos fuera de las redadas, de delitos de robo de identidad y falsificación.  En total, MCAO procesó más de 1,800 casos similares.  Muchos de estos trabajadores también enfrentaron la deportación posteriormente a sus sentencias.

El 18 de julio del 2014, Puente y sus co-demandantes entablaron una demanda poniendo en cuestión la constitucionalidad de las enmiendas a las leyes en contra del robo de identidad en Arizona y la aplicación de tales leyes por los agentes del condado.  El caso alega que secciones de las leyes quebrantan la Cláusula de Supremacía de la Constitución Norteamericana, porque interfieren y difieren con las leyes federales que gobiernan la inmigración, y también la garantía de la Constitución a protección ecuánime, porque parecen haber sido motivadas por antipatía hacia inmigrantes indocumentados.  La demanda solicita un mandato judicial permanente evitando que los acusados impongan las disposiciones de identidad del trabajador y los estatutos de falsificación en contra de los trabajadores indocumentados y busca que se borren los antecedentes penales de dos demandantes quienes fueron víctimas de enjuiciamientos bajo estas leyes injustas y continúan a enfrentar estragos como resultados de sus sentencias por delito mayor.

El 7 de agosto del 2014, los demandantes pidieron que el tribunal del distrito presentara un decreto judicial preliminar según su demanda sobre la supremacía de la ley federal. 

El 17 de diciembre del 2014, con la posibilidad de un decreto judicial preliminar a la vista, MCSO anunció su intención de deshacer el Organismo de Investigación Sobre Delitos Laborales.

El 6 de enero del 2015, el juez federal del tribunal del distrito otorgó la petición de los demandantes de un decreto judicial preliminar, temporalmente deteniendo las redadas y enjuiciamiento por el delito mayor de robo de identidad. El juez determinó que las detenciones y enjuiciamientos fueron seguramente inconstitucionales desde su aplicación.  Esta fue una victoria significante para la comunidad inmigrante en Arizona, que había vivido bajo un régimen de redadas intimidantes, detenciones y procesamientos durante 7 años.  Sin embargo, después de que el decreto judicial preliminar fuera expedido, MCAO continuó procesando a trabajadores indocumentados apoyándose en los estatutos en contra de la falsificación un delito mayor.

El 4 de febrero del 2015, los demandados presentaron una apelación interlocutoria poniendo en cuestión el mandato judicial preliminar del tribunal del distrito ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

El 7 de julio del 2015, Puente presento una demanda modificada agregando una cuestión de cómo se aplica la supremacía de la ley federal a los agentes del condado de Maricopa en cuanto a su uso del estatuto de falsificación, Ariz. Rev. Stat. § 13-2002, en contra de trabajadores indocumentados, incluyendo demandantes adicionales.

En agosto del 2015, el Centro Nacional de Leyes Migratorias y otras organizaciones sin fines de lucro, y profesores de derecho Doris Marie Provine and Cecilia Menjivar, presentaron escritos amicus para respaldar a Puente y otros demandantes ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

El 25 de marzo del 2016, los Estados Unidos presentó un escrito amicus en gran parte apoyando los alegatos de los demandantes que las leyes de Arizona interfieren con las leyes federales.

El 2 de mayo del 2016, después de escuchar alegatos con vista oral en este caso, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revocó el mandato judicial preliminar y reenvió el caso al tribunal del distrito. El tribunal de apelaciones determinó que, ya que las disposiciones de identidad del trabajador eran textualmente neutras, podrían ser aplicadas a gentes aparte de los inmigrantes indocumentados y seguramente no iban en contra de leyes federales.  El tribunal de apelaciones no turbo los otros fallos del tribunal del distrito y el tribunal del distrito aún no había emitido un fallo según se pone en cuestión la supremacía de la ley federal. El tribunal de apelaciones regreso el caso al tribunal del distrito para que se consideraran estas cuestiones.

El primero de julio del 2016, Puente y los demandados presentaron pedimentos para una sentencia sumaria, pidiéndole al tribunal del distrito que tomara una decisión sobre el caso sin llegar a juicio.  Una sentencia sumaria es apropiada en casos donde el juez determina que no se disputan cuestiones de hechos esenciales y el caso puede resolverse según la ley.

Los demandantes han alegado que el juez puede conceder una sentencia sumaría a los demandantes quienes reclaman que la imposición por las autoridades del condado de las disposiciones de identidad del trabajador en contra de trabajadores inmigrantes, interfiere y difiere con la ley federal.  En cuanto al alegato de los demandantes que las enmiendas a las leyes contra el robo de identidad en Arizona quebrantan la protección ecuánime, los acusados piden al juez que sobresea el caso.  Los demandantes se oponen al sobreseimiento de esta demanda ya que existen por lo menos algunas pruebas que las leyes fueron aprobadas con propósitos discriminatorios.   Finalmente, los demandantes defienden su petición que el juez borre los antecedentes penales de dos demandantes que fueron condenados.

 Los documentos principales que fueron presentados en conexión con los resúmenes de sentencia sumaria son:

  • pedimento de los demandantes de una sentencia sumaria y que la declaración de hechos fuese disponible públicamente
  • Pedimento de los demandados de una sentencia sumaria y oposición al pedimento de los demandantes de una sentencia sumaria como también declaración de hechos de los demandados del condado
  • Pedimento de sentencia sumaria del estado de Arizona
  • desacuerdo consolidado de los demandantes al pedimento de los acusados de una sentencia sumaria
  • resumen de la respuesta de los demandantes apoyando un fallo de sentencia sumaria

 El 13 de octubre del 2016, el tribunal del distrito escuchará alegatos con vista oral a cerca de los pedimentos de sentencia sumaria.

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 POR QUE IMPORTA ESTE CASO

En Arizona, Puente y su grupo legal están luchando contra la imposición de leyes en contra del robo de identidad y falsificación, para detener el daño causado por detenciones injustas y enjuiciamiento en contra de trabajadores indocumentados.  A través de este caso, estamos también reafirmando la dignidad de trabajadores inmigrantes que han sido criminalizados por las redadas en Arizona.

La amenaza constante de sanciones penales por conducta relacionada a la supervivencia social y económica a los inmigrantes es una forma en la cual comunidades locales manejan, controlan y en ocasión expulsan a comunidades inmigrantes de sus fronteras. Puente entablo esta demanda para ponerle fin a esta práctica en el condado de Maricopa. Al llevar al alguacil Arpaio y al procurador del condado Montgomery a ser enjuiciados, trabajadores inmigrantes buscan desenmascarar su practicas inconstitucionales.  El caso también es importante para revertir el daño hecho a los dos demandantes quienes fueron condenados bajo estas leyes injustas – una cajera de supermercado y un trabajador de restaurante de comida rápida cuyas vidas fueron cambiadas drásticamente, desde sus detenciones traumatizantes, meses en la cárcel y amenazas de deportación.

El caso pide un fin al acoso de trabajadores inmigrantes, y justicia para estas víctimas.  La demanda ya ha llevado al alguacil Arpaio a disolver la unidad que por años conducía brutales redadas en lugares de trabajo, pero la amenaza de detenciones futuras y persecución permanecen.

QUIENES SOMOS

 Demandantes

Puente Arizona es un movimiento político comunitario, una organización dirigida por sus miembros cuya misión es promover la justicia, dignidad humana, no violencia e interdependencia.  Tiene el objetivo desarrollar, educar y fortalecer a las comunidades de inmigrantes y mejorar la calidad de vida de los inmigrantes.

Elia Estrada es residente de Mesa, Arizona y madre de tres niños pequeños.  Desde el 2013 al 2014, ella trabajo en un restaurante de comida rápida para proveer para su familia.  El 28 de octubre del 2014, fue detenida por el departamento de policía de Gilbert e inculpada de usar una identidad falsa para trabajar.  Más tarde se declaró culpable de robo de identidad con agravantes y ahora tiene una condena por delito mayor en sus antecedentes penales.

Sara Cervantes es residente de Glendale, Arizona y madre de niños pequeños.  Del 2007 al 2013, ella trabajó hasta 14 horas diarias en un supermercado para proveer para su familia.  El 17 de enero del 2013, fue detenida en el trabajo por el MCSO durante una redada en el lugar de trabajo.  Más tarde se declaró culpable de robo de identidad con agravantes y ahora tiene una condena por delito mayor en sus antecedentes penales.

La Reverenda Susan Frederick Gray, el reverendo Russell Andrew Burnette, y la reverenda Erin Tamayo son curanderos espirituales y contribuyentes de impuestos que se oponen a la imposición inconstitucional de los estatutos impugnados usando fondos de contribuyentes del condado.

ACUSADOS

Joseph Arpaio es el alguacil del condado de Maricopa en Arizona. En forma agresiva él impuso las disposiciones de identidad del trabajador y estatutos de falsificación en contra de trabajadores inmigrantes en el condado de Maricopa, en gran parte a base de redadas en lugares de trabajo.

Bill Montgomery es el procurador del condado de Maricopa en Arizona. Antes del decreto judicial preliminar del tribunal del distrito, su oficina se encargó de procesar a 1,800 personas por robo de identidad y / o falsificación relacionadas al empleo, la mayoría fueron inmigrantes indocumentados.

El condado de Maricopa ha financiado la imposición de las disposiciones de identidad del trabajador y es responsable de las prácticas y pólizas del alguacil Arpaio.

El estado de Arizona promulgó las leyes en cuestión y es responsable de recoger, almacenar y difundir antecedentes penales de aquellos quienes han sido condenados según las leyes. 

  EQUIPO LEGAL PARA LOS DEMANDANTES

  • University of California Irvine School of Law Immigrants Rights Clinic
  • National Day Laborer Organizing Network
  • ACLU of Phoenix, AZ
  • Hadsell Stormer & Renick LLP
  • Quarles & Brady LLP – Phoenix, AZ
  • Law Office of Ray A. Ybarra Maldonado PLC

VIDEOS

  •  El procurador del condado Bill Montgomery está trabajando con el alguacil Arpaio para enjuiciar a trabajadores inmigrantes
  • El procesamiento de trabajadores inmigrantes destroza a familias.
  • Después de ser condenados de robo de identidad, muchos trabajadores inmigrantes enfrentan la amenaza de deportación.

 

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